Por Leandro Trimarco*
Lo que realmente significa una dictadura
La democracia argentina es representativa: no gobiernan directamente los ciudadanos, sino a través de la designación de representantes que consideran probos, en un sistema de elecciones periódicas. El fundamento de esta forma de organización política es que se exprese la voluntad del pueblo —lo que la mayoría desea— mediante un conjunto de personas elegidas para tal fin.
La dictadura es su exacto contrario: el ejercicio del poder y la autoridad por parte de un individuo o de un grupo en beneficio propio, cuyo único fundamento es la fuerza. Así, en las democracias, el poder es legítimo porque emana del pueblo, sin importar cuán eficiente sea el gobierno. En una dictadura, en cambio, el poder es una imposición y necesita justificarse, ya que nadie tolera durante mucho tiempo un orden abiertamente injusto.
Ese poder debe ser presentado como justo o, al menos, necesario. Su legitimidad depende de la eficacia de esa justificación, pero en el fondo lo que realmente importa es que ese poder, ejercido por la fuerza, sirve a un grupo específico.
Tendemos a pensar la dictadura como un arrebato de violencia producto de la locura y la maldad de un grupo de militares argentinos, y no como lo que realmente es: un instrumento político al servicio de los intereses de los grupos económicos más concentrados del país. En síntesis, del empresariado que, desde 1976, constituye el verdadero poder y la principal fuente de autoridad en la Argentina.
Pasan los gobiernos y los años. Algunas figuras políticas intentan equilibrar lo que demanda la población con la voracidad del empresariado, pero, en última instancia, nadie puede desafiar a esa plutocracia sin enfrentar serias consecuencias.
Por esta razón se habla de una dictadura cívico-militar. Sin embargo, podría decirse que fue esencialmente civil, ya que el brazo militar fue el encargado de ejecutar los métodos necesarios para garantizar el poder de ese empresariado. Los únicos beneficios que obtuvieron los militares, tras actuar como ejecutores de la burguesía argentina, fueron la cárcel, la condena social y, en muchos casos, la locura.
Se estima, a partir de diversas fuentes militares, de inteligencia y del trabajo incansable de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, que la cifra de desaparecidos ronda los 30.000. Pudieron haber sido menos, o muchos más si el núcleo civil de la dictadura lo hubiera considerado necesario. El número en concreto no importa, lo que importa es lo que simboliza: la atrocidad de los hechos.
Aquello que recordamos cada 24 de marzo no se reduce solamente al evento que diezmó a una generación y liberó los peores instintos de la condición humana contra la población. Ese fue el vehículo: la muerte, la desaparición, la tortura y el miedo como clima permanente fueron las herramientas. Lo que se buscaba —y lo que la dictadura logró— fue consolidar democracias debilitadas e impotentes en los años posteriores al Juicio a las Juntas.
Se trata de democracias en las que el representante es elegido por el voto popular, pero no tiene obligación legal —y muchas veces tampoco consecuencias— si incumple sus compromisos. ¿Por qué un político puede traicionar a quienes lo eligen? Porque depende de quienes financian sus campañas, sostienen su nivel de vida y construyen o destruyen su reputación en los medios. Esos nombres pertenecen al empresariado: algunos visibles, como los Macri, los Pérez Companc o los Álzaga Unzué.
En ese marco, existen los Menem, los De la Rúa o los Mauricio Macri: porque traicionar suele ser rentable, y ser leal, costoso.
Quienes no se someten a la lógica de ese poder enfrentan consecuencias: adelantos de mandato, como en el caso de Alfonsín, o persecuciones judiciales, como las que se denuncian en torno a Cristina Fernández.
Ese orden —el de decisiones tomadas por actores que nadie elige ni conoce— es lo que emerge de 1976. Un sistema en el que actores casi anónimos pueden vetar lo que decide la población sin dar explicaciones. Ese fue el verdadero objetivo del llamado Proceso de Reorganización Nacional: un Estado debilitado, una política vaciada de contenido y una ciudadanía que cree decidir, aunque en última instancia prevalezca la voluntad de la clase más poderosa.
Una democracia condicionada, donde hay límites que no se pueden tocar, independientemente de a quién se vote.
Por eso, al reflexionar sobre la última dictadura y ejercitar la memoria, es imprescindible comprender este punto. Debemos repudiar la violencia, la brutalidad, la inmoralidad y los crímenes del aparato represivo; condenar el miedo impuesto, la tortura, los asesinatos y cada niño apropiado. Todo eso.
Pero sin perder de vista que esos hechos fueron el método para un daño más profundo: el que Rodolfo Walsh definió como “la miseria planificada de millones de personas”. Un país con recursos, pero incapaz de garantizar condiciones básicas de vida. Ese fue el crimen estructural, y, como la desaparición forzada o la apropiación de niños, sus efectos persisten.
Cada nueva ola de pobreza que se suma desde 1976 puede pensarse como parte de ese proceso. Un fenómeno que involucra decisiones económicas y políticas que impactan de manera directa sobre la vida de millones.
Por eso, recordar la dictadura no es sólo un ejercicio del pasado. Es también una herramienta para comprender el presente. Las formas cambian, pero ciertas dinámicas de poder continúan operando.
*Profesor de Historia por la Universidad de Morón
