“Al que le toca le toca”

Escandalosa  medida del gobierno municipal contra un medio de comunicación. Luego del ataque a la libertad de expresión, le ofrecieron el estudio de la Radio Pública, justificaron la medida y anunciaron que van  por todos.

[dropcap style=’box’]E[/dropcap]l martes 24 de enero por la mañana los habitantes del municipio de General Rodríguez desayunaron junto a la noticia de que la gestión municipal había clausurado la radio El Vecinal, un medio de comunicación propiedad del periodista Sebastián Piccardo, que también es su director. La radio se encuentra emplazada a pocos metros del palacio municipal y desde allí, además de trasmitirse una señal de radio, se elabora el semanario que posee el mismo nombre. Hasta la calle 2 de abril se aceraron inspectores de la Subsecretaria de Inspección dirigida por Sergio Cuello a estamparle la franja de clausura a la puerta del estudio radial, aunque también se ocuparon de pegar una en la vidriera para que la gente pueda verla desde la vereda.

Debido a la medida, los trabajadores y propietarios del medio, debieron retirarse de lugar logrando llevarse parte del mobiliario que les permitiría finalizar la edición que tendría que estar hoy en la calle.

Sebastián Piccardo, Director y propietario del Vecinal, aún no ha realizado declaraciones públicas ya que se encuentra asesorándose legal y técnicamente para actuar y expresarse al respecto. Hasta el cierre de esta edición se supo que el semanario publicaría la edición normalmente. Sobre este último punto, desde el municipio se dijo que de ser así estaría incurriendo en una falta.

Pero pasado el mediodía, contradictoriamente, luego de la clausura, y casi como un chiste, en conferencia de prensa funcionarios municipales transmitían que el Intendente Darío Kubar ponía a disposición la radio pública para que el vecinal pueda transmitir.

El gobierno municipal fundamentó la medida explicando que el lugar no tiene habilitación. Lo llamativo es que en el edificio no habilitado legalmente funcionarían las antenas del Centro de Operaciones Municipales (COM) además de ser el mismo emplazamiento en el cual el ahora intendente y su grupo de seguidores utilizaron una de las oficinas como local partidario.

Sergio Cuello, Subsecretario de Inspección General, dijo  que el medio de comunicación nunca pagó impuestos “por el comercio que ejercieron” durante 20 años.  Asimismo se dijo que harían lo mismo con el resto de los medios de comunicación.

De hecho, otra de las radios que también fue visitada por la patrulla de Cuello fue FM La Rama, propiedad de Mario Klejner, quien además se desempeña como columnista de la céntrica radio clausurada.

Por su parte un amplio margen de la sociedad rodriguense se manifestó constantemente en las redes sociales en contra de lo sucedido. Lo propio han hecho gran parte de los periodistas locales, como así también los políticos.

Quienes están al corriente de la gestión del gobierno de Darío Kubar han coincidido públicamente que la repentina clausura del medio era de esperarse ya que la relación con los periodistas se les ha complicado desde el inicio, pero particularmente en el último tiempo, cuando temas polémicos y de interés público, han estado constantemente en la agenda del día.

“Al que le toca, le toca” dijeron los funcionarios en la conferencia de prensa. Pero no le tocó a cualquiera.

Ahora el Juzgado de faltas será el organismo encargado de decidir si ratifica o deja sin efecto la medida. Cabe recordar que el mismo dentro de poco comenzaría a funcionar en un inmueble propiedad de la prima del intendente Darío Kubar, María Eugenia Ortega, a quien el municipio pagará casi tres  millones de pesos por su alquiler por dos años; pero que también tendrá como juezas a Marina Cordone, esposa de un primo de Darío Kubar y a la Dra. Patricia Piatta,  esposa del ingeniero Carlos Bernardini quien habría sucedido a Darío Kubar en su estudio de ingeniería.

Por otra parte cabe recordar que hace poco tiempo el medio clausurado habían publicado un informe en donde denunciaban que la esposa de Kubar cobraba un importante sueldo por parte del municipio de Pilar por tareas que no quedaron demasiado claras, mientras que el intendente contrataba gente oriunda del municipio vecino. La publicación en su momento generó pedidos de informes de los respectivos Consejos Deliberantes y tuvo amplia repercusión en la opinión pública.

Tampoco se puede dejar pasar por alto que al medio clausurado, el más masivo de nuestra localidad, sufrió un amplio recorte en la pauta publicitaria oficial y que se hicieron propuestas, muchas de ellas aceptadas, desde el municipio a periodistas que desempeñaban tareas junto a Piccardo.