El pasado martes se llevó a cabo una charla sobre Responsabilidad Penal Juvenil, en virtud de la reciente aplicación de la ley Nº 27.801 que dictamina la baja de la inimputabilidad de 16 a 14 años de edad.
La actividad tuvo lugar en el Espacio de Primaria Infancia “Panambí”, ubicado en el barrio San Enrique, y contó con la exposición de la Jueza de Garantías del Joven Nº 1 del Departamento Moreno-General Rodríguez, Dra. Mirta Guarino.
En ese sentido, la charla apuntó a brindar un abordaje integral sobre los cambios en materia de justicia penal orientada a menores a nivel provincial y nacional, además de realizar un análisis sobre las principales implicancias que plantea la vigente normativa.
Allí participaron también autoridades provinciales y municipales, entre las que se destacaron el Intendente Municipal, Dr. Mauro García, la Inspectora Jefa Regional, Gabriela Valverde y la secretaria de Géneros, Políticas Sociales y DDHH, Mariana Galván, además de agentes territoriales y personal de instituciones escolares.
En ese sentido, la doctora Guarino introdujo la jornada manifestando la necesidad de “aplicar, leer y seguir cuestionando ideológicamente lo que haya que cuestionar” sobre esta problemática, señalando además que “estamos en un momento clave, crítico y bisagra al respecto”.
Siguiendo con ello, Guarino remarcó que, a pesar de que la baja de la inimputabilidad ya cuenta con carácter de ley, desde la Justicia se debe seguir trabajando para garantizar los derechos de los niños bajo la idea de “justicia restaurativa”.
La magistrada desarrolló esta idea como un enfoque que busca reparar el daño causado a las víctimas y a la comunidad por encima del castigo tradicional, amparándose en una intervención activa tanto con la víctima como con el agresor, con el objeto de que estos últimos puedan tomar responsabilidad directa por sus actos a través de un dialogo voluntario entre las partes que, en última instancia, permita ayudar al infractor a modificar su conducta y reconstruir sus lazos con la sociedad.
Esto, según explicó Mirta Guarino, se pudo ver reflejado en la Ley Nº 22.278, sancionada en 1980, que establecía que el Estado no podía perseguir a un adolescente menor de 16 años por delitos cuya pena pudiera superar los dos años de prisión, garantizando medidas de protección en casos de menores en situación de abandono, falta de asistencia, peligro material o moral, o problemas de conducta.
Por su parte, el jefe comunal agregó la importancia de la Ley Nº 26.061, comúnmente llamada Ley de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente, promulgada en el 2005 con la finalidad de poder asistir y velar por los derechos de los menores en situación de vulnerabilidad.
Esto se dio a partir de la incorporación de personal especializado en psicología y trabajo social, entre otros, a partir de fondos afectados para políticas de promoción del desarrollo social, para que desde el Estado se trabaje coordinadamente con la comunidad en este punto.
Finalmente, el Intendente resaltó el compromiso permanente de los servicios sociales del municipio, así como también del trabajo de los y las docentes para poder estar pendiente de las distintas situaciones que atraviesan los menores y asistirlos en pos de velar por sus derechos.
