Sin una orden judicial se habría producido la expulsión de una familia que reside hace más de treinta años en el lugar. El abogado de la familia manifestó que los artífices del mismo no tienen papeles que comprueben su propiedad sobre los terrenos.
[dropcap style=’box’]E[/dropcap]l jueves 29 de junio se produjo un desalojo con fuerzas policiales de una familia que habita terrenos en el barrio almirante Brown, entre las calles Sandoval y Corrientes.
Federico Arriaga, abogado de la CTA autónoma, que se encuentra defendiendo a la familia que intentan desalojar manifestó en declaraciones radiales, que el desalojo, que contó con efectivos de la policía local, del GOU y funcionarios del área de Inspección del municipio se habría dado sin ninguna orden judicial. “Se desalojó por la fuerza a esta familia, que además está en una situación delicada porque ha fallecido el padre recientemente. Nosotros responsabilizamos a Luis Bazán, que es un gendarme retirado y otra persona que se llama Jorge Omar Gómez. Están haciendo maniobras con papeles, sabemos que están vinculados con gente de la municipalidad, porque vinieron con efectivos policiales, incluso con gente del GOU, a pesar de que no cuentan con ninguna documentación”, manifestó.
En la misma línea amplio al respecto: “Había policía local y efectivos del GOU, ellos estuvieron allí garantizando el proceso porque había funcionarios del municipio, de la parte de inspección en el procedimiento, por eso sospechamos que hay intereses y vínculos económicos entre estas personas y gente del municipio”. Además informó que el terreno además está cerca de donde se desarrollara un nuevo emprendimiento donde se construirá un country privado.
Arriaga expresó también que “Esta gente hace más de treinta años que habita estos terrenos, e incluso por ley pasados a los veinte años de ocupación el estado te permite tramitar la legalidad de la tierra, lo que pasa que son tramites muy largos y costosos. Pero nosotros los reconocemos como sus legítimos dueños”.
Finalmente sostuvo que quienes están detrás del desalojo no poseen ningún registro legal de propiedad y esperan ver qué medidas se tomaran en la proximidad.
