El acuerdo que selló el gobierno de Macri con el FMI parece acelerar la presión y la necesidad del oficialismo de impulsar la reforma laboral flexibilizadora, que de aprobarse implicaría un enorme retroceso en derechos adquiridos históricamente por la clase trabajadora. Aumento de la jornada laboral, alteración de las condiciones laborales y la eliminación de las horas extras y aguinaldo en el cálculo de las indemnizaciones son algunas de las principales consecuencias.
El gobierno neoliberal encabezado por Mauricio Macri anunció durante esta semana un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que representa un claro sometimiento político que conlleva ajuste y flexibilización y cuyas consecuencias ya se vivieron en la Argentina en la década del 90 y comienzos del dos mil, con el trágico desenlace de las jornadas de diciembre de 2001.
En el terreno laboral es claro que el nuevo acuerdo con el FMI implica condicionamientos necesarios para hacer efectivo su crédito, entre ellos la necesidad de que se apruebe la Reforma Laboral flexibilizadora, que el gobierno impulsa entre fines de mayo y junio de este año, en plena efervescencia mundialista.
Cálculo de indemnizaciones, alteraciones de las condiciones laborales, pasantías, licencias sin goce de sueldo, tercerizaciones y blanqueo son algunos de los puntos que el gobierno de Macri busca modificar y que a continuación destacamos:
Indemnizaciones: En paritarias los gremios y las empresas podrán acordar regímenes especiales de indemnización o seguro de desempleo con aportes de los propios trabajadores. En otras palabras, los trabajadores podrán aportar de sus sueldos para sus propios despidos. Para su cálculo se tomaría en cuenta sólo los ítems salariales de la remuneración. Quedarían afuera del cálculo las horas extras, el aguinaldo, las comisiones y cualquier otro ítem no regular. Para ello el proyecto prevé la redefinición del concepto de «salario» previsto en la ley de Contrato de Trabajo.
Irrenunciabilidad: Entre los puntos más polémicos de la reforma se destaca el vinculado al concepto de «irrenunciabilidad». La legislación vigente prohíbe la firma de acuerdos individuales con resignación de contratos superadores de los colectivos. De este modo, en caso de aprobarse, un trabajador podrá renunciar a mejoras obtenidas por encima de las negociadas en convenios laborales generales.
Acción legal: Se reduciría desde los dos años vigentes en la actualidad a sólo uno el plazo de prescripción para el inicio de acciones judiciales de un trabajador contra su empleador.
Alteración de las condiciones laborales: Se eliminaría la valoración del «ius variandi» como garantía de no alteración de las condiciones de trabajo. Hasta ahora si un empresario resolvía de forma unilateral mudar el lugar de trabajo o cambiar las labores de su personal, los trabajadores podían exigir ser indemnizados o bien aceptar las nuevas condiciones de trabajo. Ahora estarían obligados a aceptar, por ejemplo, que una empresa ubicada en la ciudad de Buenos Aires mude sus oficinas a Tortuguitas.
Contribuciones patronales: Se reducirían las contribuciones patronales y aportes a la seguridad social. Se haría de forma escalonada. El objetivo es reducir un tercio el costo laboral por cada contratación nueva o blanqueo de trabajador. La diferencia la aportaría el Estado. Este sistema ya rige para las microempresas y las Pyme por lo que este punto sólo beneficiaría a las grandes compañías.
Licencia sin goce de sueldo: Se incluiría la posibilidad de que los empleados se tomen hasta un mes de franco sin goce de sueldo.
Tercerizaciones: El gobierno intentará además frenar los juicios «por solidaridad», es decir aquellos en los que el empresario demandado no es el empleador directo sino el que desarrolla la actividad principal. Esta medida potenciaría las tercerizaciones.
Blanqueo: El Gobierno busca lanzar un blanqueo laboral por un año: los primeros seis meses sin costo para el empresario. Para el periodo restante deberá pagar sólo el 30% de las deudas por aportes y contribuciones no efectuadas.
Estas reformas laborales contra los derechos de los trabajadores son una concesión completa al empresariado que pedía a gritos mayor flexibilización. También es una clara muestra de las medidas llevadas a cabo por la alianza Cambiemos-UCR, que vino a aplicar un ajuste masivo sobre los sectores populares y una política de saqueo.
