Mientras que los concejales oficialistas votaron por la adhesión, el resto de los concejales votó en contra de adherir a la Ley Provincial N°14.984 impulsada por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional. Una ley en sintonía con los requerimientos del Fondo Monetario Internacional.
Muy cerca de que finalice la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de General Rodríguez del jueves 28 de junio se trató el expediente enviado por el Departamento Ejecutivo, que contiene la ordenanza para que el municipio adhiera al Régimen de Responsabilidad Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, más conocido como la Ley del Pacto Fiscal, mediante el cual la Provincia de buenos Aires y el gobierno nacional buscan implementar el plan de ajustes ordenado por el Fondo Monetario Internacional sobre los municipios. Los 12 concejales de la oposición rechazaron la adhesión de General Rodríguez por entender que se trata de una “pérdida de autonomía municipal”.
El tratamiento del proyecto salió con despachos por mayoría, del oficialismo, y por minoría, de los concejales de la Alianza Cambiemos. En las dos votaciones el resultado fu el mismo. Por 12 votos los 9 concejales de Unidad Ciudadana, el del Bloque Justicialista, el de Peronismo Autentico y la concejala del Frente Renovador rechazaron la adhesión de General Rodríguez a la Ley Provincial N°14.984.
Por su parte, 7 fueron los votos de los concejales de Cambiemos impulsando la adhesión. Extrañamente, ninguno de los ediles del oficialismo intentó justificar su postura a favor.
La concejal de Unidad Ciudadana Emilse Portela aseguró que adhiriendo al acto fiscal “perdemos autonomía en las cuestiones que tienen que ver con el presupuesto municipal y como ejecutarlo, en las discusiones que tienen el municipio con los gremios para poder debatir sobre paritarias, sobre aumentos y se pone en juego la planta permanente de empleados municipales”.
Además, señaló la contradicción de un gobierno nacional y provincial que pide “municipios libres de deudas” mientras que no paran de contraer deuda con organismos de crédito internacionales cuyas condicionalidades son claros avasallamientos a la autodeterminación política y económica de los estados.
Por su parte, Agustina Victoriano también recordó que mientras que la ley habla de alcanzar mayores niveles de transparencia en las gestiones municipales “los concejales de este recinto, hoy no tenemos acceso al RAFAM, porque el proyecto ha sido vetado por el intendente municipal”. La edil de Unidad Ciudadana expuso una muestra comparativa de diversos índices de varios municipio para demostrar como el pacto que intenta imponer el gobierno no tiene en cuenta las particularidades de cada municipio.
Victoriano también afirmó que de adherir a la ley no se podrán incrementar o disminuir cargos en el sector público, en planta permanente, temporal y contratada según los propios criterios o necesidades de la gestión municipal. “También vemos con preocupación un consenso fiscal que está firmado entre nación y provincia, que en su apartado se refiere a los programas de retiro. El gobierno nacional va a financiar retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas en provincias y municipalidades”, lo que significaría que las provincias o municipios que lleven adelante este programa van a recibir beneficios por parte del gobierno; una de las medidas impulsadas además por la reforma laboral.
Finalmente el Concejal Manuel Anigstein sostuvo que el cuerpo de concejales estará muy atento, debido a que son conscientes de que “hay un montón de maneras y vericuetos que utilizan los gobiernos municipales para poder adherirse de diferentes maneras a lo que pide el gobierno provincial de María Eugenia Vidal”.
