El municipio de General Rodríguez no fue el único en el que el oficialismo de la Alianza Cambiemos no logro que el Concejo Deliberante aprobara la rendición de cuentas de su primer año de gestión. Por el contrario, el panorama se repitió en varios distritos de la provincia de Buenos Aires.
[dropcap style=’box’]E[/dropcap]n la sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante que se desarrolló el viernes 19 de mayo por la mañana el Concejo Deliberante de General Rodríguez votaba en contra de la rendición de cuentas del año 2016 enviada por el poder ejecutivo encabezado por Darío Kubar. Entre otras cosas por gastar 19 millones de pesos más que los 1000 establecidos en el presupuesto del año pasado. Los ediles remarcaban que además de la realización de gastos suntuosos, también existieron compra a proveedores que eran familiares, contratación de caterins de dudosa existencia, pagos de facturas telefónicas de casas que aún no desempeñaban funciones estatales, entre otros numerosos detalles.
Lejos de ser una excepción, los presupuestos 2016 desaprobados en municipios donde gobierna la Alianza Cambiemos fue una constante. Las causantes parecen repetirse en varios distritos: Faltos de transparencia, gastos excesivos, subejecuciones presupuestarias o sobre ejecuciones, reasignaciones de partidas y aumento del déficit público. En todos ellos se generaron bloques opositores unificados que votaron por la negativa a las rendiciones que deberán ser evaluadas por el Tribunal de Faltas de la provincia.
Estos fueron los casos por ejemplo del municipio de Morón que tiene como intendente a Ramiro Tagliaferro, ex esposo de la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, a quien los concejales kirchneristas, renovadores y socialistas criticaron el gasto y denunciaron irregularidades presupuestarias en áreas como seguridad y salud.
En el Balcarce, gobernado por el radical Esteban Reino, se pudo aprobar la rendición de cuentas, con la particularidad de que los concejales de la oposición se abstuvieron de votar por no contar con la documentación correspondiente para analizarlo, debido a que, según informaron en medios provinciales, una política de austeridad impidió que se fotocopiara la información que contenía porque superaba las 100 páginas.
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