No tenemos dudas de que, como dijera Charly alguna vez, los dinosaurios van a desaparecer. Pero por el momento aún siguen “vivitos y coleando” y, tanto en nuestro país, como en muchos otros, principalmente de nuestra América Latina, al parecer, gran parte de ellos se encuentran refugiados en la guarida del Poder Judicial.
El último fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó el planteamiento de Horacio Rodríguez Larreta, quien sostiene que el Presidente Alberto Fernandez violó la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando dispuso, mediante un decreto, el cese de la actividad escolar en las escuelas de la CABA, como una de las formas dispuestas para evitar el contagio de Coronavirus que, en los últimos días ha alcanzado niveles alarmantes, planteando como un escenario nada imposible el colapso total del sistema sanitario argentino.
De esta manera, el exponente máximo del poder judicial da un paso más, no cualquier paso por cierto, sino uno muy trascendente, en la cancha del terreno político. Se posiciona abiertamente, una vez más, como un actor político, y respalda a los sectores conservadores, del cual son parte, en su embestida contra la autoridad presidencial, dándole a la CABA un status de provincia que no tiene y tomando decisiones políticas que deberían ser facultad del Poder ejecutivo, si es que creyéramos realmente en la existencia real de la división de poderes; algo que cada día de la historia del mundo en capitalismo, demuestra como una de esas frases bonitas que todos repiten aunque, por lo bajo, saben que no tiene una aplicación y existencia concreta.
Los que lean estas columnas seguramente estarán informados sobre la existencia de la Guerra Jurídica (LawFare) y de cómo en nuestro país, aunque no exclusivamente, distintas ramas del poder judicial han actuado como fuerza de presión política coordinando su embestida con los medios de comunicación monopólicos contra todo gobierno que posea, aunque sea una pizca, de tinte popular.
Y no es casual que gran parte de los dinosaurios se hayan amontonado, reproducido y organizado tras las trincheras del Poder Judicial. En el cuerpo jurídico de las leyes de nuestro país se encuentran plasmadas como recetas la objetivación de las injusticias que sufre nuestro pueblo, en batalla con las normas que brindan alguna protección. Desde allí los representantes jurídicos de los sectores dominantes de nuestro país, hechos a imagen y necesidades de los imperialismos internacionales, se encargan de disparar cada posible avance de los sectores populares y, sobre todo, se erigen como los principales paladines de la defensa de la propiedad privada en nuestro país, verdaderas columnas principales que reproducen la miseria y la desigualdad en nuestro país.
Precisamente por esto, y no por casualidad, se trata del “poder” que en nuestro país cuyos representantes no son electos mediante el voto directo del pueblo. Esto dio lugar, históricamente, a que los integrantes de ese poder, principalmente constituido por representantes de los sectores oligárquicos y conservadores de nuestro país, tengan una especie de reproducción endogámica que reproduce la dominación y los privilegios de los cuales gozan Ad Eternum. La hija de tal juez se casa con el hijo de tal otro; tal abogado, hijo de y nieto de, se posiciona cerca de tal juez, para potenciar su carrera para…y así continua, una verdadera gran familia que huele a bosta oligárquica, como dijera Evita.
Lo que presenciamos estos días fue el último paso de un baile con claros fines destituyentes. Por ello, cada vez más espacios políticos, sociales y sindicales, comienzan a hacerse eco de las propuestas que algunas organizaciones vienen sosteniendo desde hace tiempo, sin ser muy escuchadas, sinceramente, para la democratización del Poder Judicial, no solo en cuanto a la elección directa de sus representantes, sino también de sus formas de funcionamiento.
Nosotros sumamos que dicha reforma debería ser acompañada además con una reforma constituyente, en la que se puedan sentar nuevas bases para la construcción de una real patria justa, libre y soberana, que recupere la propiedad estatal de los principales recursos estratégicos del pueblo como el transporte, el manejo soberano de sus vías navegables, el manejo de los recursos energéticos, la ocupación efectiva de la extensión total del territorio, desde Jujuy hasta la Antártida.
Esperar actitudes democráticas por parte de los representantes de un poder cuya existencia está garantizada, precisamente, por la falta de prácticas democráticas es un sin sentido que no solo puede costarle caro al gobierno, sino que, y esto es lo importante, impedirá una y otra vez la posibilidad de que el pueblo argentino logre construir una realidad mejor.
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