En la madrugada del 20 de agosto de 1976 veinte hombres y diez mujeres previamente detenidos desaparecidos por las fuerzas del Estado Argentino, fueron apilados y dinamitados en un camino vecinal cercano a la localidad de Fátima. La mayor parte de las víctimas padeció su cautiverio en el centro clandestino que funcionó en la Superintendencia de Seguridad Federal, unidad perteneciente a la Policía Federal Argentina. Fue una de las matanzas más brutales que se conoce de la última dictadura militar.
[dropcap style=’box’]D[/dropcap]urante la madrugada del 20 de agosto de 1976, los vecinos de la localidad de Fátima, Partido de Pilar, se despertaron sobresaltados al escuchar una extensa balacera seguida de una fuerte explosión en horas de la madrugada. Poco tiempo después con el comenzar del día, algunos obreros que se dirigían a un horno de ladrillos en esa zona se encontraban con algo poco imaginable, pero que era tan realmente cierto como terrorífico. Hallaron en un radio de 20 metros a la altura del kilómetro 62 de la ruta 8, disperso los restos de un grupo de personas que habían sido fusiladas y dinamitadas. El hecho seria conocido como la “Masacre de Fátima”.
Hoy se sabe que la cantidad de personas fue de 30, 20 de ellos eran hombres y 10 mujeres, de los cuales solo se han podido lograr identificar en la actualidad a unos 20, el resto continúa como NN. Aquí el gobierno militar debió salir a hacerse cargo de la situación rápidamente, ya que esta metodología de asesinato y mutilación de los cuerpos, exhibiendo los mismos para que el hecho se haga público, era idéntica a la utilizada por bandas parapoliciales como la Tripla A; donde el objetivo consistía no solo en la eliminación de la víctima, sino en la exhibición de la misma a modo de escarmiento público y mensaje para todo aquel que se atreviere a transitar por la senda que hubiere transitado la víctima del crimen perpetrado.
Las víctimas de la masacre de Fátima, habían permanecido previamente secuestradas en la Superintendencia de Seguridad Federal antes de ser trasladadas a los descampados de Fátima. Se logró en la actualidad, gracias al trabajo de los antropólogos forenses determinar la identidad de algunos de ellos: los estudiantes universitarios Juan Carlos Vera, Ernesto María Saravia y Horacio García Gastelú (quien además se encontraba de licencia en el Servicio Militar); los docentes universitarios José Daniel Bronzel y Susana Pedrini de Bronzel junto con la madre de José, Cecilia Podolsky de Bronzel. Norma Susana Frontini (20 años) fue secuestrada junto con su marido mientras que a Selma Susana Ocampo, militante sindical y despedida de la fábrica Ford de General Pacheco, se la llevaron junto con su Amiga Inés Nocetti, empleada en un estudio jurídico. La militante de la resistencia peronista Haydee Cirullo de Carnaghi fue secuestrada con su joven hija Carmen María Carnaghi de 25 años. Jorge Daniel Argente, camillero del CEMIC, fue otra de las víctimas de la Masacre de Fátima al igual que Carlos Raul Pargas, trabajador del Banco Nación y que el analista en sistemas, Enrique Jorge Aggio. El resto de las víctimas identificadas eran obreros: Ramón Lorenzo Vélez, Ángel Osvaldo Leiva y Oscar Conrado Alsogaray de la fábrica Bendix (autopartista ubicada en Vicente López); Alberto Evaristo Comas y Roberto Héctor Olivestre de la metalúrgica Royo de la zona de Pompeya; Ricardo José Herrera empleado de Colorín SA y María Rosa Lincon de 19 años, operaria de una fábrica de caramelos. La mayoría eran militantes o simpatizantes de la JTP (Juventud Trabajadora Peronista). A todos ellos se los secuestro de sus domicilios entre el 12 de julio y el 11 de agosto de 1976 en altas horas de la madrugada por grupos de civiles armados, comúnmente conocidos como “patotas o grupos de tareas” pertenecer a las fuerzas del Estado represor.
Si tenemos en cuenta los datos de pertenencia social de cada mencionado aquí podemos ver como el régimen militar oriento principalmente su accionar sobre la clase trabajadora por medio de un ataque directo a la dirigencia de la misma. Poder derrotar y desmembrar el alto grado de politización y organización de la clase trabajadora era el objetivo para la junta de gobierno. La liquidación física de aquellos que pudieran fungir de líderes de la clase obrera era menester para la pronta y certera aplicación de un plan sistemático de empobrecimiento de los sectores populares.
Recordar y mantener viva la memoria hoy más que nunca como sociedad, porque si bien es cierto que vivimos en democracia, no es menos cierto que los sectores civiles y beneficiarios directos de aquella época aún permanecen impunes de sus acciones. Y esa impunidad es la que les permite insistir en mantener sus privilegios de sector a cualquier costo. Y esto último debemos tener muy en cuenta, porque es la raíz causal por más que se la quiera negar, de la desaparición de Santiago Maldonado; que aun hoy a estas horas mientras escribo esta efeméride continúa desaparecido bajo un espectáculo de cinismo y mentira, montado por quienes deberían de dar una respuesta clara y satisfactoria, frente al reclamo de “aparición con vida ya”.
