Al mes siguiente de tomar el poder, la dictadura que conducía el general Juan Carlos Onganía, sanciona el día 29 de julio de 1966, el decreto ley 16.912, que puso fin a la autonomía universitaria. Unos de los objetivos declarados era el de “eliminar las causas de acción subversiva de elementos comunistas que actuaban contra los intereses de la nación”. Esa noche, en algunas facultades, se realizaron asambleas para oponerse al decreto. Para disolverlas, policías armados, conducidos por el jefe de la Policía Federal, irrumpieron en algunas facultades de la UBA, esgrimiendo consignas antisemitas y anticomunistas. Profesores y estudiantes fueron golpeados, reprimidos y la gran mayoría, detenidos.
[dropcap style=’box’]L[/dropcap]a noche del 29 de julio de 1966, con palos y gases, la dictadura entró a la Facultad de Ciencias Exactas, de la ciudad de Buenos aires. Esa noche fue un día bisagra en la historia argentina, allí se puso de manifiesto cual habría de ser el modelo de universidad pública y el lugar que la investigación científica ocuparía, para los sectores del poder económico en la argentina. El modelo imperante por esos días contradecía sus objetivos y principios; por lo tanto era menester desterrarlo de las casas de altos estudios del país, con celeridad. El mismo esgrimía de forma muy enfática que la formación de profesionales, juntamente al desarrollo de las ciencias y la tecnología, eran parte de un compromiso, tanto con el bienestar de la sociedad como con el progreso del país, y, precisamente, este modelo no era compatible con el papel asignado por el imperialismo a la Argentina en la división internacional del trabajo.
Otro de los objetivos de la intervención fue sin duda la pretensión de desterrar la autonomía universitaria del poder político, consagrada en la Reforma. Objetivo clave para poder lograr la redirección de los contenidos de la enseñanza y de la investigación científica. Los cuáles deberían estar al servicio de los intereses del capital económico privado y no de nuestro pueblo.
Poder lograr este objetivo garantizaría a este sector de la sociedad, que la argentina no llegara a ser un país desarrollado. Ninguna nación o pueblo del mundo, ha logrado salir adelante, si deja de lado el cuidado de su sistema educativo en todos sus niveles, principalmente si abandona el área de las ciencias y la investigación, porque el cuidado de estos dos sectores pueden permitir tener un grado considerable de autonomía o emancipación, frente a los países más desarrollados.
Este episodio repudiable fue la génesis en cierta forma de la decadencia académica y cultural en nuestro país, y fue talvez el puntapié inicial de lo que se conocería más tarde como la “fuga de cerebros” de nuestro pueblo. Vale recordar que luego de aquella noche fatídica, cientos de prestigiosos académicos e investigadores fueron cesanteados, renunciaron a sus cátedras o emigraron hacia otros lugares donde se los recibió con los brazos abiertos, a sabiendas, no solo del alto grado de experiencia y preparación de los mismo, sino de las capacidades y valores agregados que cada uno portaba.
El logro alcanzado por el accionar de la dictadura que gobernaba el país en nombre de los dueños del poder económico, no solo fue lo antes mencionado; también se logró que por primera vez en la historia argentina se produjera una disminución absoluta de la matrícula universitaria. Puede verse que de 221.522 estudiantes en 1967 se pasó a 198.656 en 1970. Y conjuntamente con esto también se consiguió que se diera un crecimiento del sector privado en la enseñanza superior; la cual priorizó el interés individual por sobre el colectivo, colocando como objetivo primordial no solo el beneficio individual mencionado, sino además el beneficio del sector empresario y sus ganancias, antes que los intereses del país y nuestro pueblo en general.
Hoy, a más de medio siglo de este hecho trágico de la historia de la educación y las ciencias de nuestro país, este suceso debe convocarnos como sociedad con varios objetivos. Puntualmente el primero debería ser el de repudiar permanentemente a todos aquellos que de forma solapada o descarada tienden a justificar la cancelación del orden democrático en nuestro país.
Por otra parte la de pensarnos e interpelarnos como sociedad sobre cuál ha de ser nuestra actitud frente aquellos que operan permanentemente para la destrucción sistemática de nuestros sistemas públicos de educación y de investigación científica.
