INDULTOS DE LOS EX COMANDANTES DE LAS JUNTAS MILITARES ARGENTINAS.
A poco de asumir la presidencia, en octubre de 1989 el presidente electo Carlos Saúl Menen anunciaba que había firmado cuatro decretos. Se trataba de los primeros decretos que indultaban a los responsables del golpe militar que secuestró, torturó, hizo desaparecer detenidos y se apropió no solo de los bienes materiales, sino también de los niños de los detenidos-desaparecidos.
Comienza este verdadero desatino, el 7 de octubre de 1989, con los indultos a 220 militares y 70 civiles que no habían sido beneficiados con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, también conocidas como “leyes de la Impunidad”. No obstante algunos jueces, comenzaron a declarar inconstitucionales aquellos indultos pues incluían delitos de lesa humanidad.
Esto fue como un preludio de lo que vendría, traído de la mano por este gran traidor que fue y es Carlos Menem, que actuando como Caballo de Troya de la oligarquía le brinda a esta la frutilla del postre: el indulto a los ex comandantes, integrantes de las Juntas Militares de la dictadura.
El 28 de diciembre de 1990, anuncia Menen a todo el país los indultos a los ex comandantes, responsables principales de los peores crímenes de lesa humanidad acaecidos en nuestro país, consistentes en secuestros, torturas y desaparición de personas.
El 29 de diciembre, se dan a conocer decretos que como el 2741/90, indulta a los ex miembros de las juntas de comandantes condenados en el Juicio a las Juntas de 1985. Son Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola y Armando Lambruschini, junto a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad Ramón Camps y Ovidio Riccheri.
Por otra parte el decreto 2745/90, indulta al ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, procesado por participación en los delitos de lesa humanidad (secuestro y torturas) contra Federico y Miguel Ernesto Guthein. También se indulta mediante el decreto 2746/90, al ex militar Guillermo Suarez Mason por delitos de lesa humanidad.
El 75 % de los argentinos, de acuerdo con las encuestas, se oponían a los indultos. El gobierno no pudo impedir una concentración en la Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno el 30 de diciembre, donde 100.000 ciudadanos, convocados por las organizaciones de derechos humanos protestaron por la medida. También fue adversa la reacción internacional. Las fuerzas armadas de aquel entonces, un nido de conspiración todavía, se manifestaron complacientes, aunque no consideraban suficiente la medida.
Las críticas no se hicieron esperar, sobre todo por quienes habían sufrido los efectos de esta sangrienta dictadura en carne propia, como el Dr. Emilio Mignone quien en ese entonces decía lo siguiente:
“(…) Indultar personas con causa abierta supone interferir en la acción del poder judicial, facultad que el titular del poder ejecutivo tiene expresamente prohibida por la ley fundamental (artículo 95). Incluso puede llegar a perjudicar a los procesados por cuanto los mismos hipotéticamente, podrían resultar absueltos. (…) El perdón concedido por Menen no convocó a la reconciliación, como se pretende. El negar justicia conduce a la venganza privada y a la violencia – la paz es obra de la justicia – decía la sabiduría antigua. Ya en libertad los ex comandantes no pueden aparecer en público porque son abucheados e insultados. Viajan rodeados de guardias. Como ninguno de los indultados se manifiesta arrepentido y algunos, por el contrario glorifican sus acciones, como lo hizo el ex general Videla en una carta, es de temer la repetición de los hechos incriminados.”
Luego de que en 2003 el Congreso de la Nación declarara la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, algunos jueces comenzaron a declarar inconstitucionales aquellos indultos referidos a crímenes de lesa humanidad y a reabrir los casos.
El 15 de junio de 2006 la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal de la Argentina, consideró que los indultos concedidos en delitos de lesa humanidad eran inconstitucionales.
El 31 de Agosto de 2010 la Corte Suprema de Justicia, confirmó sentencias de tribunales inferiores, dictaminando que los indultos no fueron constitucionales y las condenas que anularon debían ser cumplidas.
Estos logros en defensa de los derechos humanos no nos deben hacer bajar los brazos ni dejar de tener encendida la luz de alerta máxima. Esto, toda vez que el actual gobierno tiene entre el personal político a ex militares y funcionarios que reivindican el terrorismo de Estado. No está de más, recordar que todo el bloque del Pro se opuso a la conformación de la comisión bicameral para investigar los delitos de empresarios durante la dictadura. Esto, sumado al aparato represivo del que ha hecho gala durante el año que termina, debiera bastar para darnos cuenta en manos de quién estamos.
