El gobierno de la provincia de Buenos Aires estaría proyectando para el 2018 una mayor inserción de los sectores privados en las obras públicas.
[dropcap style=’box’]L[/dropcap]a ley 27.328 de contratos de Participación Público- Privada (PPP), aprobada en noviembre del año pasado, propiciada por el oficialismo, es un nuevo modelo de contrato que permite al contratante (el Estado Nacional, las provincias, y los municipios) otorgar ciertos beneficios a los “inversores”. Los blancos elegidos por el gobierno para el 2018 para este tipo de obras serán el sector de la salud y la seguridad. En nuestro municipio, se aplicarían a la construcción de un nuevo hospital.
Según se pudo recoger de medios nacionales, la nueva ley, por ejemplo, permite la indexación, utilizada para compensar las “pérdidas de valor” de los contratos producidos por las desvalorizaciones monetarias o la inflación y faculta a las empresas a pedir una renegociación en caso de que alguna medida económica altere sus planes.
Otro punto discutido de los contratos PPP tiene que ver con la injerencia que tribunales internacionales tendrían para resolver cuestiones judiciales que se generen a partir de la “inversión” privada. Algo comparable a lo que sucedió con la ley que autorizó el pago a los fondos buitre.
Además la ley contempla que los proyectos de infraestructura que se lleven a cabo bajo este tipo de contratación solo tengan garantizando 33 % de trabajadores argentino, con lo cual se dejaría por fuera el desarrollo de trabajo argentino.
El Gobierno es el principal promotor de este proyecto argumentando que estos contratos dan previsibilidad a las empresas, cuando también deja un amplio margen para la ganancia especulativa del sector privado y parece avanzar en los procesos de flexibilización laboral.
La medida permite importación temporaria de equipamiento; exime de impuestos a esas operaciones.
Esta decisión impacta directamente sobre el costo de los proyectos ya que abre la puerta las importaciones temporarias, entre otras cuestiones. A partir de esta decisión, las empresas que ganen un proyecto de obra pública como una autopista o una represa mediante un contrato de participación público-privada podrán realizar importaciones de maquinaria pesada por el transcurso de la obra y, una vez terminada reexportada a su lugar de origen sin pagar el arancel importador.
