El jueves 30 de junio por la noche, en la Cámara Alta del Congreso de la Nación los senadores y senadoras sancionaron la Ley de Respuesta Integral al VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana), Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
Se trata de una legislación superadora a la Ley 23.978, sancionada en el año 1990, es decir, que pasaron más de 30 años para que esto suceda.
Este progreso, se da en base a los avances producidos durante esos años en materia de conocimientos biomédicos, pero también teniendo en cuenta la necesidad de llevar adelante enfoques que den por tierra las visiones discriminatorias sobre aquellos que tienen la enfermedad, protegiendo de esta forma a quienes podrían tenerla y a quienes ya la tienen.
Esta nueva normativa, sostuvieron diversos especialistas en medios nacionales, prevé la necesidad de garantizar la disponibilidad y accesibilidad a insumos y materiales que permitan llevar adelante prácticas de prevención, asistencia y tratamiento. Teniendo en cuenta esto, los tests para las enfermedades de transmisión sexual pasaran a realizarse de forma voluntaria, universal y confidencial.
La nueva Ley promueve la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación para poder detectar y hacer visibles cualquier clase de discriminación. En este sentido, es importante señalar la prohibición de la prueba de CIH y otras enfermedades de transmisión viral en los test preocupacionales, la promoción de la producción publica de medicamentos para el tratamiento de estas enfermedades y otorga, en caso de vulnerabilidad social, la posibilidad de jubilarse anticipadamente, accediendo a pensiones no contributivas vitalicias. De esta forma, quienes hayan sido diagnosticados desde hace 10 años y posean 20 años de aportes jubilatorios podrán tener acceso a una jubilación desde los 50 años.
Según consta en los articulados de la ley, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación a través del área específica que designe a tal efecto. La misma, en coordinación con las demás autoridades sanitarias, a través del COFESA, “deberá implementar y actualizar medidas positivas y articuladas en los ámbitos nacional, provincial y municipal, incluyendo la concreción de convenios relevantes que aseguren políticas públicas tendientes a dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad social que afecten el acceso integral al derecho a la alimentación, la salud, el trabajo, la educación y la vivienda de las y los destinatarios de la presente ley”.
Esta normativa también reemplaza el enfoque meramente biomédico por una nueva visión con perspectiva de género y un mayor respeto por los derechos humanos. Además, agregaron los especialistas, promueve e impulsa la capacitación, investigación y divulgación de información elaborada rigurosamente y con respaldo actualizado de evidencia científica.
Además, se dispuso la conformación de la Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, que estará conformada por representantes de diferentes ministerios, especialistas de sociedades científicas y referentes sociales.
