La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este lunes, en su despacho del Senado de la Nación, al embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, y luego manifestó en sus redes sociales que durante el encuentro le pidió al diplomático estadounidense la colaboración de su país para poder identificar y recuperar fondos vinculados al lavado de dinero y la evasión con los que se podría hacer frente al pago de la deuda con el FMI que fue contraída por Macri.
En sintonía con ello, en las últimas horas el bloque de senadores de la Nación del Frente de Todos presentó dos Proyectos que apuntan a ese objetivo. El primero busca que se disponga el levantamiento del secreto bancario contenido dentro de la Ley de Entidades Financieras, sancionada durante la última dictadura cívico eclesiástica militar, para que así los organismos dedicados a la investigación de la deuda dispongan de la información de cuantos son los fugadores y de cuánto dinero han sacado del país. Esto daría lugar a que entre en escena el segundo de los proyectos, que busca crear un impuesto a esos fondos no declarados, mediante el cual se buscará nutrir el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI.
“Este aporte no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero. Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. El proyecto anticipa que en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley la alícuota subirá al 35%”, aseguraron en un comunicado mediante el cual se hizo pública la iniciativa.
Los proyectos surgieron del bloque ligado a la vicepresidenta y están firmados por los senadores y senadoras Juliana Di Tullio, Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti, Martín Doñate y el jefe de bloque y presidente de la comisión bicameral de Deuda, José Mayans.
La deuda contraída por Macri con el Fondo Monetario Internacional, aseguran distintos especialistas como Horacio Rovelli y Ricardo Aroskind, fue utilizada casi en su totalidad para que los sectores más poderosos de la economía local dispongan de dólares para poder dolarizar sus cuantiosas ganancias en pesos, y así fugarlas al exterior. La mayor parte de esta fuga de dólares no ha sido declarada legalmente en nuestro país, generando una evasión multimillonaria.
De aplicarse este impuesto, que no afectaría negativamente para nada a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, así como tampoco a pequeños empresarios, los primeros cálculos trascendidos en medios informativos indican que podrían generarse un ingreso de 70 millones de dólares, dinero mediante el cual, sobradamente, podría pagarse el total de la deuda contraída por Macri con el organismo internacional de crédito.
