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25-11-2016 | PETITORIO
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Luego de la realización de un plenario de Secretarios generales, los sindicatos solicitan a Marcos Peña acatar la solicitud que la ONU realizó acerca de la privación de la libertad de la dirigente popular.
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[intense_dropcap]E[/intense_dropcap]n el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los secretarios generales, nucleados en la Corriente Federal de Trabajadores-CGT, solicitaron por medio de una carta, al Jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Marcos Peña, se informe sobre las acciones que se están tomando para cumplimentar la resolución de la ONU en cuanto a poner de inmediato en libertad a Milagro Sala y el resto de los militantes de la Tupac Amaru que están detenidos en Jujuy.
“Hemos seguido muy de cerca y con enorme preocupación la situación” expresan los dirigentes y concuerdan, al igual que la ONU, en que la privación de la libertad de Sala es arbitraria y “vulnera derechos consagrados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos”, instrumentos de jerarquía constitucional en nuestro país.
Asimismo hicieron hincapié en que desconocer la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, implica el desconocimiento de los principios esenciales del derecho internacional, lo cual produciría un quiebre en la política exterior, siendo que Argentina ha sido precursora desde el retorno a la democracia en el desarrollo y aplicación de los principios internacionales de Derechos Humanos.
Los firmantes de la solicitud fueron Víctor Carricarte, secretario general del sindicato Asociación de Empleados de Farmacia; Hector Amichetti, secretario general de la Federación Grafica Bonaerense; Vanesa Siley, secretaria general del sindicato de Trabajadores Judiciales CABA; Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria; Fabian Felman, secretario general de la Confederación Argentina de Educadores; Carlos Minucci, secretario general de la Asociación Personal Superior de Empresas de Energía; Walter Correa, secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina; Heber Ríos, Secretario de Cultura Prensa y Propaganda de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina y secretarios general de ATILRA General Rodríguez; Alejandro Ruiz, Secretario de Prensa de Satsaid y Vicente Fabro del Sindicato Único de Trabajadores del Automóvil Club Argentino.
El caso de Milagro Sala, la dirigente de la organización barrial «Tupac Amaru» en la Provincia de Jujuy que se encuentra detenida desde el 16 de enero pasado, llegó hasta la Organización de Naciones Unidas luego de que organizaciones sociales presentaran una demanda ante el organismo internacional.
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, hizo un «llamamiento urgente» a Argentina por Milagro Sala invitando al gobierno del presidente Mauricio Macri a tomar posición sobre el caso. El contundente pedido llama a “liberar a la detenida o justificar su oposición por escrito”.
El documento de señala además que debido a su detención, Milagro Sala sufre «una irreparable afectación del derecho a la libertad de expresión y a la protesta social» y acusa a las autoridades argentinas de no garantizar a Sala un juicio justo e imparcial, de irregularidades en el proceso penal, violación de la presunción de inocencia y de la libertad personal.
Milagro Sala fue detenida y acusada de instigar a cometer delitos de sedición. La justicia señaló en aquella ocasión que la dirigente organizó una protesta (un acampe de manifestantes) en la Plaza Belgrano de Jujuy con la que habría entorpecido la circulación.
Si bien por esta falta fue liberada, inmediatamente después fue acusada de los delitos de «defraudación en perjuicio del Estado, extorsión y asociación ilícita«, motivo por el cual se procedió automáticamente a su detención, condición en la que se encuentra hasta la actualidad, junto a otros compañeros.
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