Una nota realizada por dos especialistas del CELS sobre la superpoblación en las cárceles y comisarias indica a la comisaria de nuestra localidad entre aquellas con más personas que las permitidas pos celda y en malas condiciones de vida.
La nota fue publicada en el sitio web Perfil. Titulada “Cárceles bonaerenses: la calesita del hacinamiento”, este trabajo de dos especialistas en materia de seguridad, integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), menciono a la Comisaria Primera de General Rodríguez como una de las tantas cárceles de la Provincia de Buenos Aires que posee sobre población carcelaria y en condiciones de hacinamiento.
El trabajo escrito por Paula Litvachky, Directora de justicia y seguridad del CELS y Macarena Fernández Hoffman, Investigadora de política criminal y violencia en el encierro, también del CELS, afirmaron que en “la Comisaria 1a de General Rodríguez, los magistrados constataron que existe un único baño afuera de las celdas, que se habilita durante 40 minutos al día para todos los detenidos. En la visita que realizó el CELS junto a la Defensoría de Casación a las comisarías, se observó que había celdas con cuatro camas, en las que se alojaba a 12 personas”.
Estos hechos, lejos de ser la excepción son la regla del sistema penitenciario de nuestro país, pero eso no impidió al poder ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, “a través de declaraciones del responsable del Servicio Penitenciario, Juan José Baric, al sitio Letra P, anunció que no se construirán nuevas unidades penitenciarias para responder a la sobrepoblación que, según el gobierno provincial, es de 10 mil detenidos”.
Esta situación de la Comisaría 1° de General Rodríguez quedó en evidencia en noviembre del año pasado cuando los detenidos llevaron adelante un motín reclamando traslados y mejores condiciones de vida.
Esta situación se produjo puntualmente el 14 de noviembre. Las inmediaciones de la comisaria se llenaron de familiares de los detenidos que se acercaron hasta allí para saber cómo se encontraban sus familiares. Los mismos relataron que los detenidos no solo se encontraban en pésimas condiciones de vida y hacinamiento, sino que además agregaron que ellos mismos como familiares sufrían todo tipo de destratos cuando realizaban visitas.
Ante las cámaras habían denunciado malos tratos por parte de los efectivos, cambios permanentes y sin previo aviso de los horarios de visita o esperas interminables. Algunos testimonios inclusive denunciaron que varios efectivos se quedarían con las cosas que los familiares llevan a los detenidos.
Esos sucesos refuerzan la idea planteada por las investigadoras en la nota: “El Poder Ejecutivo provincial, al no poder resolver la sobrepoblación crítica carcelaria, opta por legitimar a las comisarías como lugares permanentes de alojamiento. El Ministerio de Justicia hizo un acuerdo con el Ministerio de Seguridad para mantener en tres mil el número de detenidos en comisarías. Cuando se exceda este tope deberá ser absorbido por el servicio penitenciario. Es decir que el Gobierno, en lugar de generar una política criminal que reduzca los niveles de encarcelamiento, establece un tope que permite que tres mil personas vivan en condiciones inhumanas provocadas por el hacinamiento extremo”.
