Valeria Schulman, en representación de la Intersindical de General Rodríguez explico desde la banca cuales son los peligros que le esperan al municipio y a los trabajadores estatales en caso de que se adhiera a esta ley sancionada literalmente entre gallos y medianoche.
El jueves 26 de abril se llevó adelante una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante de General Rodríguez y el primer punto del orden del día fue el uso de la Banca Participativa. La encargada de hacer uso de la palabra fue la representante de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Verde y Blanca Valeria Schulman, quien lo hizo en representación de la Intersindical de nuestra localidad.
Desde la banca, Schulman afirmó que si el municipio adhería al régimen de responsabilidad fiscal se estaría consolidando el ajuste a nivel nacional “para obedecer los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, organismo de crédito que nuevamente rige el destino de nuestro país”.
De hecho, esta ley fue sancionada por el congreso a fines del mes de diciembre del año pasado, en una sesión de madrugada, gracias a los votos de los legisladores oficialistas y de sus aliados coyunturales.
Según la trabajadora estatal, la ley encierra un peligro tanto para los municipios que no adhieran como para los que sí. En la primera de las variantes, los municipios no podrán acceder a los adelantos de los porcentajes correspondientes de la coparticipación federal y a fondos del tesoro nacional. En cambio, de adherir, “el panorama resulta peor ya que implica el sometimiento al poder central, al condicionar el presupuesto a las metas fijadas, en principio, hasta el año 2020. A esto se suman los límites que se pretenden imponer a la recaudación municipal por parte de la provincia con la eliminación de ciertos impuestos”.
A su vez, esta afectación de la autonomía municipal conllevara a un gran peligro para los trabajadores estatales “ya que apunta directamente a las bases de la negociación colectiva impidiendo la aplicación de la ley de paritarias municipales”. El pacto fiscal, sostuvo Schulman desde la banca, se basa en dos pilares que tiene como objetivo el recorte presupuestario en todas las áreas del gobierno: “Por un lado, el control del gasto público y por otro el congelamiento de la planta del empleo público estatal. La reducción del gasto público viene impuesta por el limite dado por la inflación”, de esta forma los municipios no podrían aumentar el gasto corriente para su funcionamiento más allá del índice de precios. Además, la incorporación de trabajadores estatales estará relacionada con el incremento de la población y ya no se relacionara con la elaboración y diseños de políticas públicas, como era el caso de la ley anterior, relacionada con “un modelo económico que apostaba a la inclusión social a través del trabajo y la producción”, formando un “círculo virtuoso” con el crecimiento de la economía nacional.
Un grave problema que necesariamente traerá aparejado el límite de contratación, o directamente el congelamiento, además del deterioro de las políticas públicas que llevan adelante lxs trabajadorxs estatales. Políticas que, ante el modelo de ajustes implementados por el macrismo se volverán cada vez más necesarias, algo que va en contra absolutamente de los planteos de la ortodoxia liberal macrista.
Para finalizar, Valeria Schulman sostuvo que mediante esta ley tratan de consolidar en todo el país, en cada provincia y en cada distrito “un modelo económico que restituya el peso de la distribución de la riqueza del lado de los sectores de mayor concentración económica”.
De esta forma, y como representante de la Intersindical de General Rodríguez, Schulman solicito a los concejales y a las autoridades que rechacen la adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal.
La presidente del Bloque de concejales de Unidad Ciudadana, Claudia Guerra, solicito una vez finalizada la exposición que el expediente presentado desde la Banca Participativa sea girado a la comisión de Legislación y Reglamento para el posterior tratamiento.
Guerra también agregó que el intendente Darío Kubar manifestó en su momento su acompañamiento a las medidas que deberían tomarse en caso de la adhesión a esta ley, sin que dicha adhesión haya sido aprobada en el HCD, a pesar de que hace meses se encuentra ese expediente en comisión.
