¿Cuánto voy a pagar?
Actualmente rige una segmentación tarifaria de acuerdo con el consumo que cada hogar tiene de electricidad y gas. Los hogares que tramitaron el subsidio pueden consumir 400 Kilowatts a tarifa subsidiada, pero todo el consumo excedente lo pagan al precio regular. Para entender los nuevos precios que plantea el gobierno debemos comprender dos cosas: que se va a plantear un aumento de las tarifas que pagan todos los hogares de entre el 500 y el 700% de acuerdo con lo que negocie cada empresa, y que además el porcentaje de subsidio que recibe cada hogar, así como la cantidad de familias alcanzadas se verá reducida drásticamente. Es decir, todos pagan más y el subsidio se reducirá hasta alcanzar a un mínimo de hogares considerados vulnerables.
Los que menos pagan y que consumen en promedio 5000 pesos mensuales pagarán en promedio 3000 pesos más, pero como el gobierno busca bajar la cantidad de energía subsidiada de 400 Kwh a 200, los hogares que menos pagan verían aumentadas sus tarifas más del doble. Los que no están subsidiados verán aumentos graduales de entre 3000 y 4000 entre febrero y abril.
Este cuadro tarifario corresponde a los consumidores residenciales, pero se presume que los usuarios comerciales e industriales también recibirán aumentos considerables.
¿Es razonable este aumento?
Lo que dice el gobierno es que busca reducir la cantidad de dinero que el estado gasta en subsidios a la energía para alcanzar equilibrio fiscal. Es decir, gastar menos dinero en el salario indirecto de la población para dejar de tener déficit.
Ahora bien, frente a esto debemos hacernos tres preguntas clave: ¿Es razonable este ajuste? ¿Alcanza o se acerca el gobierno al equilibrio fiscal con esta medida? Y, por último, ¿Es justa la medida?
Entonces, ¿es razonable? La respuesta es que no lo sabemos. Como bien denuncian las asociaciones de consumidores en las audiencias públicas, no hay información de los costos de las empresas para producir y distribuir la energía, ya sea gas o electricidad. Concretamente no sabemos cuánto dinero les cuesta a las empresas producir el kilowatt de luz ni el BTU de gas; y como no sabemos cuánto cuesta producir, no sabemos tampoco cuánto margen de ganancia tienen. Por esa razón no sabemos si estos aumentos son para mantener funcionando la producción de energía o son pura ganancia de las empresas. Lo único que nos permite saber algo al respecto son los balances que las distribuidoras presentan y que son fácilmente adulteradas.
¿Se llega al equilibrio fiscal con esto? El estado gasta menos, sí. Pero con el aumento de todos los costos de vida y el salario congelado, se va a caer el consumo, con una posible recesión, todo lo cual llevará a que el estado recaude menos, volviendo al punto de partida.
¿Es justo el aumento? Teniendo en cuenta que Javier Milei hizo campaña asegurando que iba a ajustar a “la casta” (políticos, empresarios, privilegiados) el aumento es simplemente ridículo. Recae sobre todos los trabajadores, incluso los sectores vulnerables, no compromete a las empresas a invertir para mejorar el servicio, no cubre el déficit fiscal y se presenta como un plan para que la gente pague lo que la energía vale. Pagar la fiesta, en síntesis.
Lo que no se mencionó en las audiencias públicas ni en ningún discurso del gobierno es la cuestión de los ingresos: ¿son razonables tarifas públicas que no pueden pagarse con un sueldo mínimo? ¿Es razonable que un trabajador destine un porcentaje tan alto de sus ingresos sólo para poder cocinar y prender la luz? Por otro lado, si los sueldos siguen congelados, este aumento de tarifas sumado a la inflación del 35% en un mes, ¿no va a generar un descontento social enorme en la propia base electoral del gobierno? Todas estas preguntas siguen en el aire.
Por ahora, lo seguro es que los servicios aumentan desde febrero.
