La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó en el mes de febrero un fallo dictado por el juez José Ignacio Ramonet, quien había ordenado los dueños de Lácteos Vidal la inmediata reincorporación de los 29 trabajadores despedidos luego de que iniciaran una huelga totalmente pacifica para reclamar que se cumpla con sus derechos laborales.
El sector empresario se había negado a cumplir con la reincorporación por lo que el poder judicial ordenó el pago de “astreintes”, un tipo de sanción que se utiliza para que se cumplan con las decisiones dictadas legalmente. En este caso la familia Bada Vázquez debía pagar el monto de 10.000 pesos por cada trabajador, por cada día que la empresa incumpliera con devolver a los trabajadores sus puestos laborales.
La familia Bada Vázquez, no pequeños, sino grandes empresarios, propietarios de unas 50.000 hectáreas de tierra de la rica pampa húmeda y poseedores de una gran variedad de negocios, desconocieron la medida del poder judicial que obligaba al pago de astreintes, por lo que finalmente el juez José Ignacio Ramonet ordenó el embargo de sus cuentas, desde allí se entregará un aproximado de $300.000 por mes a cada trabajador en huelga hasta que sean reincorporados.
Sin dudas este es un revés impuesto a la patronal por parte de los trabajadores que, acompañados por Atilra, aun sostienen el acampe, sin bloque alguno, frente a la planta láctea desde hace casi un año.
