Tras una larga campaña electoral, el próximo domingo 29 de mayo se realizan las elecciones presidenciales de Colombia. Como ante cada confrontación política, sea social o institucional, una vez más y como desde hace años, el importante país sudamericano repone la contradicción principal entre las fuerzas que históricamente se han enfrentado. Las de la paz, en busca de un proyecto de justicia social y las de la guerra, en favor de la imposición de un proyecto expoliador, dispuesto al aniquilamiento de sus adversarios.
El “Pacto Histórico”, la coalición de Partidos, Sindicatos y Movimientos Sociales que encabezan Gustavo Petro, ex militante de la organización M-19 y ex alcalde de Bogotá, y Francia Márquez, una joven mujer afrocolombiana feminista, ambientalista y defensora de los Derechos Humanos, están construyendo la posibilidad de un victoria electoral que se convierta en un contundente triunfo político para las fuerzas de la paz.
La fórmula presidencial de la centroizquierda y la izquierda contiene al primer y a la tercera aspirante presidencial individual de las elecciones primarias del pasado mes de marzo, celebrada en conjunto a las elecciones parlamentarias del país. Allí, Petro obtuvo casi 4,5 millones de votos y Francia Márquez, 785 mil papeletas.
En segundo lugar, y entre medio de los dos candidatos del “Pacto Histórico”, emerge Federico “Fico” Gutiérrez con 2,1 millones de electores, alcalde de Medellín entre 2016 y 2020, que parece se presenta a sí mismo como el presidente de “un país en orden y con oportunidades” y que, a esta altura, apuntala los apoyos más o menos explícitos del actual presidente Iván Duque, del uribismo y del santismo. También puja por intentar colarse en la eventual segunda vuelta Rodolfo Hernández, un empresario con numerosas acusaciones de corrupción y con un discurso al estilo chabacano de Donald Trump.
Este domingo se juega la oportunidad del pueblo colombiano de materializar su larga historia de lucha en una victoria electoral, en un país signado por la violencia política y un modelo neoliberal con una larga historia en posición de gobierno.
Violencia y política en Colombia
La violencia política en Colombia tiene larga data. La misma puede remontarse a la defección santanderista al proyecto de Patria Grande de Simón Bolívar, que dio origen a la actual República de Colombia. El Estado, desde su origen, configuró un régimen político dominado por posiciones ideológicas conservadoras y pro-imperiales, muy estrecho y poco permeable a las demandas de los sectores populares.
El principal problema fue –y es- la tenencia de la tierra. A costa de muchísima violencia, una élite defendió –y aún defiende- sus privilegios. A mediados del siglo XX, el cuestionamiento a este orden económico, social y político, por parte de las organizaciones campesinas, “popularizó” al Partido Liberal colombiano que, bajo el liderazgo de Jorge Eliecer Gaitán, prometió una ampliación de derechos y una reforma agraria.
Los sectores oligárquicos comprendieron la amenaza y el sicariato asesinó al líder liberal en abril de 1948. La respuesta popular devino en la famosa insurrección popular conocida como el “Bogotazo”, que conmocionó para siempre la vida política del país. Eran los tiempos de “La Violencia”, como se define un período histórico que al menos se extiende hasta 1958, con la caída de la dictadura de Rojas Pinilla.
Lo extraño del caso es que, luego de “La Violencia”, no vino “La Paz”, sino el surgimiento del llamado “Frente Nacional”, un pacto de alternancia de gobierno que puso a los dos partidos tradicionales, el Conservador y el Liberal, detrás de un único candidato presidencial, mientras se dividían todos los cargos oficiales por igual, por más de 16 años, hasta 1974.
El contubernio, la estrechez política de la oligarquía, la violencia institucionalizada, el desplazamiento forzado de campesinos y campesinas, sumados al explosivo contexto internacional y regional, determinaron que las Autodefensas Campesinas se convirtieran en una necesidad. En esas luchas por el territorio, liberales, comunistas y humanistas cristianos darán inicio a una lucha social y armada, que se sintetizó en el nacimiento en 1964 de las dos organizaciones políticas y militares más importantes de Colombia, las FARC y el ELN, a la que luego se unirían otros agrupamientos, como el EPL en 1967 y el M-19 en 1973.
Tras un ciclo de ascenso en las luchas populares, desde mediados de los años 80 se ensayan diversos acuerdos de paz. Uno de los mismos permitió el surgimiento de la Unión Patriótica (UP), que rápidamente se consolidó como la tercera fuerza electoral del país. Pero un sistemático proceso de asesinato de líderes y activistas de la UP terminaría en genocidio. En la historia de Colombia, numerosos diputados, senadores y candidatos a la presidencia fueron asesinados, como Jaime Pardo Leal de UP en 1987, Luis Carlos Galán del Partido Liberal en 1989 y Carlos Pizarro de Alianza Democrática M-19 en 1990.
El Narcotráfico captura y envuelve al sistema institucional colombiano
Toda esa historia de violencia se agravó con la expansión del narcotráfico y la constitución del llamado Narcoestado, la expresión superestructural de una estructura social muy dependiente de la economía paralela o “paraeconomía”. Tantos años de implementación de la doctrina neoliberal han generado que, en la Colombia del siglo XXI, no haya economía que tenga garantía real de desarrollarse si no está transversalizada y sostenida por el narcotráfico y la guerra, esa que se agravó con la intervención imperial del “Plan Colombia” en 1999 y la “guerra al terrorismo” de Álvaro Uribe Vélez desde su llegada a la presidencia en 2002. Un entramado que incluye a los Cárteles y las Empresas Militares Privadas, con profunda penetración territorial en el país que es el primer productor de cocaína del mundo.
Tal como señala la intelectual colombo-venezolana María Fernanda Barreto en el libro Más allá de los Monstruos (2019), “el narcotráfico y la guerra son lucrativas empresas que dinamizan la circulación y la acumulación de capital. En el caso específico de Colombia, ambos negocios la han salvado de las recesiones económicas que, en cambio, han enfrentado los países que están retornando al neoliberalismo en la región como Argentina y Brasil, así como los que nunca salieron”.
Producir poder no es igual a realizarlo. Así, a esta altura, quedan pocas dudas de que lo que el Cartel de Medellín de Pablo Escobar produjo, en términos económicos y sociales, fue realizado en términos políticos por el uribismo.
Los vínculos entre el uribismo y el narcotráfico están probados públicamente. Luego de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia abriera en 2018 una investigación sobre el expresidente por ser fundador y cabecilla, junto a su hermano, del “Bloque Metro” del paramilitarismo colombiano, el pasado mes de abril, Carmen Helena Ortiz, la jueza de Bogotá que actualmente maneja el expediente, tras una audiencia que se prolongó durante casi 12 horas, decidió mantener abierta la denuncia contra el expresidente. Según señaló el portal de CNN, durante la audiencia la jueza Ortiz criticó el trabajo del fiscal de la causa, Gabriel Ramón Jaimes, que entre julio y agosto de 2021 había intentado archivar la causa (CNN, 2/05/2022).
¿Paz o pacificación?
Cuando Juan Manuel Santos llegó a la presidencia de Colombia en 2010, la región lograba articular alianzas entre varios países gobernados por el progresismo, mientras la crisis global abierta en 2008 abría un marco de incertidumbre en las élites colombianas.
En ese contexto se dispuso un escenario de diálogos de paz entre el Estado colombiano y las FARC, por entonces la organización política y militar más grande del país. Las primeras conversaciones iniciaron en 2012 y culminaron el 23 de junio de 2016, cuando el Presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, “Timochenko”, máximo comandante de las FARC, firmaron un acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades, y la definitiva “dejación de las armas”. El acuerdo alcanzado recibió una dura puñalada en octubre de ese mismo año, cuando el uribismo, en alianza a los grandes medios de comunicación, impusieron un estrecho triunfo del “NO” en el plebiscito por los acuerdos de paz que el santismo y las FARC convinieron para validar socialmente los pactos alcanzados.
Según Barreto, “la oligarquía colombiana no quiere paz, solo quiere avanzar hacia una pacificación que dé mayor seguridad a las actividades económicas legales e ilegales y que facilite la expansión de los mercados para otro de sus grandes negocios: la guerra”.
Si se los desnaturaliza, los números de la violencia social y política en Colombia causan escalofríos. Según el reconocido INDEPAZ (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), en lo que va de 2022 y hasta el 24 de mayo, se produjeron 42 masacres con 151 víctimas fatales. En el mismo período, se contabiliza el asesinato de 78 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, y 21 firmantes de los Acuerdos de Paz y ex combatientes de las FARC.
Durante el fuerte ciclo de protestas sociales, en el marco de un paro nacional, que se vivió entre abril y julio del año pasado, el INDEPAZ registró 83 homicidios, 44 de los cuales se presume que fueron cometidos por la fuerza pública. De igual manera, 96 personas sufrieron violencia ocular (como en Chile) y se lograron registrar 35 víctimas de violencia sexual en manos de las fuerzas de seguridad, tipificadas por Naciones Unidas como tácticas de terrorismo.
En otras palabras, los niveles de violencia política de Colombia, que incluyen desplazamientos de población, sicariato, secuestro y asesinato de líderes y liderezas sociales, es directamente proporcional a la defensa irrestricta de los negocios legales e ilegales que una elite sostiene, en base a la corrupción, a una fuertísima organización paraestatal y a una captura de los principales resortes del poder institucional.
Las fuerzas de la paz contra las fuerzas de la guerra: la contradicción política y social de Colombia
Las elecciones de este domingo 29 de mayo pueden dar un triunfo electoral a una fuerza de izquierda por primera vez en la historia de Colombia. Existen serias posibilidades de que Gustavo Petro y Francia Márquez superen el 50% de los votos, alcanzando un triunfo en primera vuelta, algo que en Colombia sólo consiguió el ultraderechista de Álvaro Uribe en 2002 y en 2006 con participaciones electorales de la ciudadanía que no superaron el 45% del padrón.
Según la encuesta de CELAG de mayo, el 48% de los votos válidos serían en favor de Gustavo Petro, mientras que el 53,2% de los encuestados cree que el ex alcalde de Bogotá será el próximo presidente de la República.
Tal como señala el politólogo colombiano Christian Arias Barona, un triunfo en primera vuelta evitaría que el programa de gobierno del Pacto Histórico, sin dudas muy progresivo, con mucho arraigo popular, seamodificado por la pragmática -y necesaria- construcción de amplitud y gobernabilidad que exige toda búsqueda de nuevos aliados para llegar a la Casa de Nariño, la sede del poder ejecutivo colombiano.
Colombia es la cuarta economía de América Latina, la tercera en cantidad de habitantes, y la “cabeza de playa” de los intereses neoconservadores del gran capital angloamericano en la región. Un triunfo de esta magnitud, aún con la mediación de un parlamento donde la coalición del “Pacto Histórico” no cuenta con mayoría, daría un enorme empuje a las fuerzas de la paz en Colombia, y todas las fuerzas populares de la región.
Parece una paradoja que, precisamente en tierra de Simón Bolívar, se haya consolidado la fortaleza norteamericana en Latinoamérica. Decía el Libertador, en 1829: “los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad.“ Más de doscientos años parecen darle la razón. Sin embargo, el destino y la providencia siguen estando en disputa, y cada día está más claro que si hay algo que no tiene dueño, es precisamente el futuro.
* Psicóloga, magister en Seguridad de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
