El día martes la concejala Claudia Guerra denunció penalmente que un gasista que participa de las cuadrillas del gobierno de Darío Kubar en las inspecciones de las escuelas, habría firmado “Actas de habitabilidad” en numerosos establecimiento a pesar de que su matrícula estaría dada de baja el 11 de octubre del 2016.
En medio de una crisis educativa sin precedentes en la localidad (La mayoría de las escuelas permanecen sin clases), con información confusa y un cuestionado relevamiento de escuelas implementado por el gobierno municipal, la Concejala Claudia Guerra denuncio que uno de los gasistas supuestamente matriculados utilizados para habilitar escuelas, tiene su matrícula dada de baja desde el 11 de octubre del año 2016.
La denuncia penal fue realizada por la concejala de Unidad Ciudadana el martes 21 de agosto en la Fiscalía del Departamento judicial Moreno-General Rodríguez.
El gasista que figura en la misma estaría firmando “actas de habitabilidad”, que son las que determinan que no hay riesgo para la comunidad educativa de la escuela que se inspeccionó, por ejemplo, en las escuelas Primaria N°17, que comparte edificio con la Secundaria N°6, Escuela Secundaria N°2, que comparte edificio con el CENS 451 y los jardines de infantes N°901, 908 y 911, según consta en la denuncia penal.
Según indicó Guerra se enteró de la situación cuando llamó a la empresa “Gas Natural Fenosa”, actualmente denominada “Naturgy Energy Group, S.A.”, y preguntó acerca del gasista.
Después de que se conociera la denuncia, desde el oficialismo hicieron circular una fotocopia de una matrícula y un pago que habría realizado el gasista en cuestión en marzo de este año. Ante esto, Guerra dijo que volvió a comunicarse con la empresa, requiriendo información acerca de este supuesto pago y desde la misma le habrían asegurado que “dicho pago no se encuentra registrado por lo cual la empresa rechazaría los trabajos que este profesional pudiere presentar frente a la misma”.
A la hora de realizar la denuncia en la fiscalía, Claudia Guerra adjunto además las copias de las actas que habrían sido firmadas por el gasista.
En el último párrafo califica este hecho como “una seria irregularidad que pone en riesgo la vida de los estudiantes, los docentes, los auxiliares y la comunidad educativa en general”, por lo que le solicito a los señores fiscales “que actúen de manera urgente a los efectos de identificar las responsabilidades de los funcionarios públicos y el gasista actuante, dado que estamos ante la posibilidad de la comisión de un delito grave”.
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