Al fin se mostraron las cartas. El Tribunal Oral Federal N° 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu y cuyo fiscal ante el Tribunal es Diego Luciani, condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Según el tribunal, que rechazó todas las nulidades planteadas en la causa (entre otras cosas se le pasó que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos), nuestra vicepresidenta incurrió en la conducta tipificada en el artículo 173 inciso 7 del Código Penal con el agravante descripto en el artículo 174 inciso 5. El código dice que incurre en el delito de administración fraudulenta el que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuviera a su cargo la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, viole sus deberes perjudicando lo que le confiaron con la finalidad de obtener un lucro indebido para sí o para un tercero o para causar daño. La figura se agrava cuando el fraude se comete en perjuicio de la administración pública y la pena va de dos a seis años de prisión. A Cristina, obvio, le aplicaron la pena más alta.
Vamos a hacer un brevísimo análisis jurídico: este tipo penal exige que la acción del autor sea con dolo, es decir que la autora tenga intención de cometer el delito. Otra exigencia es que el autor tenga por finalidad lograr una ventaja o provecho de contenido económico para sí o para un tercero y que este lucro sea indebido, o sea obtenido de manera ilegítima.
De las pruebas producidas en la causa ya hace rato que no existen bases materiales para justificar la condena. Las condenas requieren pruebas que demuestren los hechos, y en este juicio no las hubo, simplemente porque los hechos no sucedieron.
El delito atribuido exige tener a cargo la administración o el cuidado de bienes, por disposición legal o acto jurídico, pero resulta que la propia Constitución Nacional en su artículo 99, inciso 1 señala que la Presidenta de la Nación es la jefa del gobierno y responsable política de la administración general del país. Responsable política ¿se entiende?, porque el ejercicio concreto de dicha administración lo tiene por imperativo constitucional el Jefe de Gabinete de Ministros (artículo 100, inciso 1). Hubo decenas de funcionarios que intermediaron o intervinieron con proximidad a los supuestos hechos sin siquiera ser imputados, entre ellos los Jefes de Gabinetes, mientras que ni remotamente fue acreditada alguna intervención personal de ella.
Cuando para configurar el delito que se le endilga, advertimos que debiera haber tenido a su cargo la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y vemos que también la propia Constitución Nacional en su artículo 100, inciso 7, indica que tal atribución la tienen los Jefes de Gabinetes en tanto son los que ejecutan la ley de presupuesto nacional, y sólo fueron convocados al juicio en carácter de testigos desechando la versión de los fiscales, vemos que la condena es un artificio. Lo mismo cabe decir, cuando no hubo pruebas en absoluto sobre el hecho de haber obtenido provecho económico.
Vemos la farsa, cuando la causa fue preparada para condenarla por el delito de asociación ilícita al ser la supuesta jefa de una organización, que perseguía la finalidad de ganar elecciones y obtener cargos públicos con el objetivo de cometer delitos contra la administración pública, y dicha disparatada acusación se cayó como un castillo de naipes y rechazada aún por este impresentable tribunal.
Frente a esto, es cuando decimos que el análisis no debe ser jurídico, sino definitivamente político.
Porque la verdadera condena no son los 6 años de prisión sino la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos a perpetuidad. Esto es lo que nos está diciendo esta condena escrita ya hace mucho tiempo. Porque se intenta resolver a través de la colonización del Poder Judicial, algo que la derecha política y el establishment económico no pudieron mediante las instituciones democráticas y la voluntad popular.
Lo que quieren y estamos viendo todos es la proscripción de Cristina. Callarla, ponerla presa, o incluso asesinarla. Y están dispuestos a todo para ello. Y en este aquelarre promiscuo en que han convertido el poder judicial, todo vale. Porque no es solo ella, sino lo que representa para la defensa de los intereses del Pueblo. Por eso recurren a todo y se valen de todo.
Yo se que a vos te jode que hablemos del Consejo de la Magistratura, de la integración de la Corte Suprema, de los chats pornográficos de la excursión al sur de cuatro jueces federales, un funcionario amarillo, un fiscal y la gente del Grupo Clarín. Sé muy bien que pensas que eso es algo que les pasa a los abogados o a los jueces. O que les sucede a los políticos. Pero no, te pasa a vos. Te pasa a vos todos los días. Y te pasa a vos cuando proscriben a Cristina.
Te pasa cuando el Gobierno regula el precio de internet, del peaje, de las prepagas, del cable, del agua y un juez graciosamente ordena dejar vía libre al aumento de los precios. Te pasa a vos cuando un juez viene y libera el precio de la harina para que suba el pan o libera el comercio de la carne para que vos no comas un asado. Te pasa cuando quiere anular la ley de alquileres para que el mercado defina los valores mensuales. Te pasa a vos cuando un juez dice que la universidad no debe ser gratuita. Te pasa a vos cuando tenés un juicio laboral y desfinancian a los juzgados para que no tengan recursos y tus juicios duren mil años y si los ganas te paguen migajas. Te pasa a vos cuando se desconocen accidentes y enfermedades del trabajo en que mueren y mutilan cientos de compañeros tuyos por año. Te pasa a vos cuando tenés un juicio como empleado del Estado y te lo mandan al fuero contencioso administrativo para que pulvericen tus derechos.
A vos te pasa, todos los días, y vos sufrís las consecuencias de eso. Ni a la política como te gusta decir, ni a los abogados, ni a los jueces: A VOS.
Por eso quieren dejar fuera de juego a Cristina. Porque si pueden con ella, pueden mucho más fácil con todos. Pueden con vos.
Es como ella ha señalado: se montó en nuestro país un Estado paralelo, una mafia judicial, un sistema paraestatal que decide sobre los derechos del Pueblo, sobre la vida, el patrimonio y la libertad de las personas, y que se nutre con la podredumbre de la democracia. No necesitan de la voluntad popular, no necesitan ganar elecciones. Esta es reemplazada por una obscena coalición entre el poder real del capital concentrado, los medios hegemónicos que te construyen a diario la realidad, y los jueces. La cuestión está lejos de ser jurídica, sino definitivamente política.
Por eso es necesario separar la paja del trigo: visibilizar, mostrar, enrostrar, denunciar al poder real. Por eso es necesario organizarse, todos y todas las que aún creemos en la democracia. Porque es hora que el Pueblo hable frente a la proscripción de sus líderes.
La historia ya nos demostró el camino. No aceptemos lánguidamente una condena política que nos sentencia a la muerte lenta de ser desterrados en nuestra propia Patria. Ayer nos desterraron y proscribieron: como a San Martín, como a Rosas, como a Perón. Hoy no podemos quedarnos impávidos. No lo merece el Pueblo. No lo soporta más nuestra gente.
Cristina es la única que puede encabezar un nuevo tiempo que nos saque del desaliento cotidiano y la anestesia política, y enfrente al poder real en la Argentina. Los grandes líderes populares son lo que son, pero fundamentalmente son los intereses que representan. Porque no pueden ganar ellos. No deben ganar ellos. Los peores otra vez no. Y porque por esta vez no estoy de acuerdo con ella: Cristina debe ser candidata y ponerse al frente de su Pueblo.
*Abogado de los trabajadores y las trabajadoras, Docente UBA y UNM
